El derecho a solicitar datos y documentos oficiales a cualquier entidad pública, como es el caso de la SUNAT, resulta esencial para una correcta gestión y defensa de los intereses de los contribuyentes y, asimismo, se justifica en una mayor transparencia de los actos del Estado y una adecuada fiscalización estatal.
Es por ello que, toda información que posee el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por Ley. En consecuencia, los contribuyentes tienen derecho a solicitarla, sin que para ello sea necesario justificar el motivo de su pedido.
